¡Que nombre tan bonito!:

Ley de justicia y paz

Por: Ximena de la "D"

Sí, aunque digan y sigan diciendo que la ley de justicia y paz es el invento del siglo, no es más que la patraña de un gobierno que pactó con el mismo diablo.

La ley de justicia y paz, fue aprobada exactamente el 25 de Julio del año 2005, con 72 artículos junto a los jefes políticos Luis Humberto Gómez Gallo, Emilio Ramón Otero Dajud, Zulema Jattin Corrales, Angelino Lizcano Rivera, Sabas Pretelt de la Vega, Alberto Carrasquilla Barrera, Camilo Ospina Bernal y el presidente de la república Álvaro Uribe Vélez, quienes la mayoría están en proceso de investigación por la famosísima “parapolítica”.

La ley de justicia paz, en un principio y como un sueño utópico quería facilitar: procesos de paz, una reconciliación nacional, un acuerdo humanitario, abrir la puerta a los derechos de las víctimas a la administración de justicia, la reincorporación a la vida civil de los miembros de GAOML, todo esto y mucho más, pero a vuelo de pájaro esto se oye demasiado bonito, sin embargo la verdadera ley 975 de 2005, no es más que la cortina de humo que nace para sesgar a las víctimas de masacres y crueldades a manos de grupos paramilitares.

Pero a todas estas, ¿dónde está la justicia y la equidad para las víctimas del conflicto armado?, y a esto doy una respuesta: “no hay justicia y por ahora no la habrá”. ¿Será justo que un hombre llamado Salvatore Mancuso comandante de las AUC (autodefensas unidas de Colombia), tenga encima más de 300 asesinatos, 1700 víctimas, y es extraditado a los Estados Unidos para pagar una condena por el delito de narcotráfico, y en Colombia los delitos de Lesa Humanidad queden en el olvido? ¿Sigue siendo justo que la condena para estos monstruos instaurada en el artículo 18 de esta ley sea de 5 años mínimo y 8 máximos? Y que si confiesan sus delitos sin ningún reparo, con tanta frialdad tengan una rebaja de pena ¿Sigue siendo justo? Yo no lo creo.

A través de estas extradiciones se abrió la puerta a un nuevo mecanismo de impunidad, pues los delitos bajo los cuales se les juzgará no corresponden a los de Lesa Humanidad, sino a los de narcotráfico, ocultando y desdibujando su responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos y la del estado colombiano.

Hay más de 300 mil desplazados en toda Colombia que están pagando por lo errores de este gobierno, que solo sabe decir: “trabajar, trabajar y trabajar”, ¿pero será que no podrán pensar en el dolor de las víctimas, en el horror que vivieron los días de la masacre, en el sufrimiento de su gente? No, porque no fueron ellos quienes vieron morir degollados, masacrados, y hasta torturados a sus familiares, no son ellos quienes tienen que pasar días enteros sin comer y sin dormir por el miedo a otra represalia de las AUC.

Una ley que desde el principio y hasta el final, ha defendido a capa y espada a los paramilitares, porque no se hizo con el fin de juzgarlos sino más bien de protegerlos, siendo esto una ofensa hacia la conciencia ética de la humanidad.

Ahora mis preguntas son, en tanto los señores Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar, Diego Fernando Murillo, Francisco Javier Zuluaga, Diego Alberto Ruiz, Guillermo Pérez Alzate, Ramiro Vanoy, Juan Carlos Sierra, y otros jefes paramilitares son extraditados a Estados Unidos para pagar los delitos por narcotráfico, ¿qué pasará con las casi 15 mil personas desaparecidas en Colombia? ¿Con las 3 mil fosas comunes ubicadas en diferentes lugares del país, donde estos jefes paramilitares actuaron?, ¿con las 8 millones de hectáreas apropiadas de manera ilegal en desarrollo de sus crímenes? ¿Qué pasará con los derechos de las víctimas de estos crímenes? ¿Por qué no se actúo en defensa de los derechos de las víctimas de los crímenes de Lesa Humanidad? Y ¿por qué la fiscalía no defendió la posibilidad de que los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral se pudieran favorecer?

De todo esto se pueden concluir muchas cosas, pero la primera es que en este país aunque se implante leyes con bonitos nombres nunca habrá una justicia, una verdad, una reparación y mucho menos una paz para las víctimas del conflicto armado. O como lo dice Héctor Abad, “una palabra se cambió: reparación por paz, y uno se traga ese cambio. Pero otra voló: verdad. Y ahí es donde se nota qué es lo que no quieren que se sepa: la verdad. Uno puede renunciar a un castigo proporcional si al menos se dice la verdad. Pero si a la impunidad se une la mentira, no vamos por el camino de la justicia, ni de la paz”


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“1, 2, 3 Uribe otra vez
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